PRIVATIZACIONES

Asamblea retoma lectura de informe sobre privatizaciones


El documento habla de un millonario daño económico al Estado. Son al menos 55 personas las involucradas en 20 años de privatización de las empresas nacionales


El texto involucra a las acciones asumidas en las gestiones de tres actuales rivales electorales de Evo I Foto: Senado.
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16/01/2019

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) retomó esta mañana el análisis del informe de la comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, que analizó las gestiones gubernamentales desde 1985 hasta el 2005, y halló un daño económico de unos 21.000 millones de dólares.

El documento analiza las acciones asumidas por los gobiernos entre 1985 a 2005, entre ellas las gestiones de tres actuales contrincantes electorales de Evo Morales, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Jaime Paz  Zamora, de Poder Demócrata Cristiano (PDC). 

La lectura del ampulosa indagación, que se prolongará hasta el jueves y que consta de 2.700 páginas, dividido en tres tomos, también involucra las gestiones de los expresidentes, Víctor Paz, Jorge Tuto Quiroga, Hugo Banzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada.



Si bien desde el MAS se asegura que no se investigó a personas sino acciones, se remitirán los antecedentes ante el Ministerio de Justicia, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría para ver si se pueden abrir procesos por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, ocasionando un daño económico al patrimonio del Estado.

El texto identifica almenos a 55 presuntos responsables, señalando que entre 1933 y 1988 se crearon 213 empresas públicas; 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron enajenadas (79%); además, 105 pertenecían al área de servicios, de las que 72 fueron enajenadas (69%).

"La importancia de esta investigación no solo radica en temas de justicia histórica, de saber lo que pasó en el país, sino, para saber los daños económicos que se causaron al Estado en uno de los periodos más nefastos de la historia social y económica de Bolivia; es un tema de necesidad lógica, histórica y también de necesidad moral ante la historia de la que se requería hacer un balance del mismo y un informe muy estricto", dijo en la víspera el vicepresidente Álvaro García Linera.



 




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