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OPINIÓN



| 12/06/2019


La lucha contra el narcotráfico

Desde el destape del caso Montenegro han sido frecuentes las noticias que hablan de narcotráfico, en las que están vinculadas autoridades y personalidades del país, en una secuencia preocupante porque pone en evidencia la penetración que tiene este problema en el tejido social y político.

El Gobierno reivindica el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico y destaca las cifras de erradicación de cultivos de coca excedentaria y de plantaciones en zonas no permitidas, pero este factor no es el único en el complejo trabajo que debe existir para evitar que la mafia organizada penetre en el país. El Gobierno intenta minimizar el problema argumentando que Bolivia es un país de tránsito de los estupefacientes que se producen en Perú.

Ministros y policías sostienen que en Bolivia no existen cárteles de narcotráfico, entendiendo a estos como “organizaciones ilícitas vinculadas a la droga o al tráfico de armas” (según el Diccionario de la Real Academia Española), sino “emisarios”. Sobre la base de las dramáticas experiencias de México y Colombia, los cárteles se distribuyen territorio y coordinan entre ellos la comisión de su delito, hasta que entran en pugna y dejan sangrientos resultados. Tras operativos realizados en Bolivia, se ha detenido a gente vinculada al Comando Vermelho y al PCC de Brasil, así como se ha tenido referencias de narcos relacionados con cárteles peruanos, mexicanos y colombianos. Si son emisarios, sería penoso que estén haciendo de Bolivia su teatro de operaciones.

Se suma la inquietante información sobre la penetración de la mafia organizada al tejido institucional: policías vinculados a narcotraficantes, el acusado que logró vulnerar el sistema judicial (caso Montenegro) y, por otro lado, una funcionaria pública vinculada al MAS, que además fue fiscal y candidata al máximo tribunal de justicia del país, que ha sido detenida con sus hijos, acusada de traficar droga en narcovuelos. El presidente ya llamó la atención sobre el departamento de Beni donde –según señaló- uno de los principales problemas de inseguridad está relacionado con el narcotráfico.

Frente a esta realidad, cabe preguntar si el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico es verdaderamente “exitoso”, como se argumenta desde el Gobierno. Ya se ha hablado de la necesaria refundación de la Policía, pero parece que el cáncer está haciendo metástasis en otras instituciones, perforando la intención de mantener al país libre de esta lacra.

No queremos que la mafia organizada deje huellas de dolor en las familias bolivianas; no queremos que los “emisarios” cobren vidas en “ajustes de cuentas”, tampoco que sean más los jóvenes que se metan en el ilícito negocio y menos que aumente el consumo de estupefacientes en el país.

Urge que el Gobierno revise su modelo y que haga ajustes, que coordine todo lo que sea necesario y que, en definitiva, le ponga un alto a los narcotraficantes. Es imperativo, antes de que sea demasiado tarde.





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